Revista Ecclesia. Editorial 26.05.2010
En pleno debate y polémica sobre las drásticas medidas de ajustes y recortes del Gobierno español ante el recrudecimiento de la crisis económica, no han faltado voces del Ejecutivo y de su partido político que han señalado con el dedo a la Iglesia como supuesta destinataria privilegiada de multimillonaria dotaciones públicas. Nada más falso y más demagógico.
Lo que recibe, a través de la administración central del Estado, es lo que libremente deciden otorgarle los ciudadanos de sus propios impuestos. A nadie se le obliga a que signe a favor de esta opción, que es –bueno será recordarlo- la única elección por la que puede optar el contribuyente. Y además lo que la Iglesia recibe a través de este sistema o de otros donativos y contribuciones de sus fieles lo revierte con creces a la sociedad.
¿Quién lleva tanto tiempo atendiendo como la Iglesia a los parados y a los inmigrantes? ¿Qué colectivo social como los sacerdotes perciben un sueldo tan ajustado desde hace décadas, exiguo sueldo del que además, en numerosas diócesis, los mismos sacerdotes se han aplicado descuentos para destinarlos a los necesitados? ¿Qué institución como la Iglesia está señalando las causas profundas de la crisis, causas que de no subsanarse imposibilitarán la salida verdadera y con perspectivas de futuro de la crisis? ¿Qué institución como la Iglesia invierte tanto, en suma, para paliar las pobrezas de aquí y de allí?
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