EL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA

MARÍA DOLORES GRAU, directora de caritas interparroquial. elche

De nuestra fe en Cristo hecho pobre y siempre cercano a los pobres y excluidos, brota la preocupación por el desarrollo integral de los más abandonados en la sociedad» (Papa Francisco).

Desde estas palabras, que reflejan la motivación profunda de un hacer en el acompañamiento en derechos a las personas y familias, motivamos y sustentamos el derecho a una vivienda digna y adecuada para toda persona.

La vivienda es, desde hace décadas, un bien de inversión y no un bien de primera necesidad o un derecho básico para que todo ser humano tenga plenitud de dignidad. Deberíamos considerar la vivienda como un bien para la satisfacción de una necesidad y no la consideración de la vivienda como un objeto de inversión para el beneficio.

Estamos contemplando en nuestra ciudad que hay muchas familias que están sufriendo grandes dificultades económicas. Muchas de ellas no pueden hacer frente al pago de recibos de luz, agua, e incluso el pago del alquiler de sus viviendas, creando unas situaciones de pobreza y precariedad económica que pueden desembocar en exclusión social.

Somos testigos de la desesperación de numerosas personas que acuden a Cáritas en busca de ayuda y seguimos asistiendo con dolor al desmantelamiento de servicios sociales y restricciones de derechos, y al abandono a su suerte de todas esas personas.

El artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que «toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad».

Hay un fuerte contraste entre los miles de pisos que no se utilizan y acumulan las entidades financieras y la falta de recursos de nuestras administraciones sociales para hacer frente a esta problemática.

La situación actual requiere acciones por parte de la Administración Pública que posibilite el acceso a la vivienda de todos aquellos ciudadanos que se ven excluidos. Resulta urgente movilizar las viviendas vacías en manos de las entidades financieras. Por otro lado, los recibos de agua, luz y gas son servicios públicos imprescindibles para la vida corriente de los hogares y que se tiene que garantizar un mínimo para las personas que no pueden pagarlos.

Por todo ello pensamos que es necesario que el Ayuntamiento se implique en desarrollar un plan de ayuda a las personas en riesgo de perder su vivienda a través de un «Fondo social de la vivienda», y un plan de alquiler social a las familias que cumplan los requisitos necesarios para poder participar en dicho plan. Sabemos que no es una tarea fácil pero la situación requiere grandes apuestas y Cáritas se compromete a poner todo su esfuerzo para lograr este objetivo.